La Comisión Nacional para la Protección de las Infraestructuras Críticas es un órgano colegiado adscrito a la Secretaría de Estado de Seguridad, competente, entre otras facultades, para aprobar los planes estratégicos sectoriales y designar a los operadores críticos (aquellos operadores públicos o privados que gestionan o son titulares de una o varias infraestructuras críticas).

Los Planes Estratégicos Sectoriales permiten identificar los servicios esenciales prestados a la sociedad por los sectores objeto de estudio, el funcionamiento general de éstos, las principales amenazas que se ciernen sobre los mismos y sus vulnerabilidades principales, las infraestructuras críticas que proporcionan servicio y los operadores propietarios y/o gestores de las mismas. Estos planes culminan con una evaluación de las consecuencias potenciales de su inactividad, así como con una propuesta de medidas estratégicas para su mantenimiento.

Nuevos operadores críticos

Los nuevos operadores críticos designados, además de cumplir con una serie de obligaciones derivadas de la Ley 8/2011, pasan a formar parte del Sistema de Protección de Infraestructuras Críticas, lo que conlleva una especial relación con las autoridades competentes, a través del Centro Nacional para la Protección de las Infraestructuras Críticas (CNPIC), organismo dependiente de la Secretaría de Estado de Seguridad.

Todo ello se traduce, como aspecto novedoso, en la participación de los operadores en la mesa de coordinación establecida en el Plan Nacional de Protección de Infraestructuras Críticas, en la existencia de canales singularizados para el intercambio de información relevante para la seguridad de sus instalaciones, redes y sistemas, en el acceso a los sistemas de comunicación previstos por la Ley y en la especial consideración que para la seguridad pública tienen sus infraestructuras, a la hora de implantar medidas de protección alineadas con el Plan de Protección y Prevención Antiterrorista, actualmente en nivel 4.

Los operadores críticos designados deben poner en marcha una serie de planes de protección específicos sobre el conjunto de sus infraestructuras, que serán complementados por la aplicación de los correspondientes planes operativos previstos por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad y, en su caso, por las Fuerzas Armadas.