Está previsto que los dos planes pendientes (Administración e instalaciones de investigación) se aprueben a lo largo del próximo año.

Esta ha sido la séptima reunión de la Comisión desde su constitución en junio de 2014, y la primera que preside Botella desde su nombramiento como secretaria de Estado de Seguridad. El encuentro también ha servido para revisar los planes estratégicos ya en vigor de los sectores del transporte aéreo, carretera, ferroviario y marítimo así como el del sector del agua.

También se ha llevado a cabo la designación oficial de los operadores críticos (aquellos con especial responsabilidad sobre sus infraestructuras) en el ámbito de la Salud, con lo cual, a partir de este momento, el Sistema de Protección de Infraestructuras críticas involucra también a estos nuevos actores.

En total, son 24 los nuevos operadores críticos que se incorporan al sistema, 11 del sector de la Salud, cinco del Agua, cuatro en el Aéreo, y otros cuatro en el de la Carretera.  Con estas incorporaciones, el Sistema de Protección de Infraestructuras Críticas cuanta ya 171 operadores.

COOPERACIÓN PÚBLICO-PRIVADA

Durante su intervención en la reunión, Botella ha asegurado que la protección de las infraestructuras críticas es "uno de los elementos de mayor interés y con mayor proyección de futuro que existen en la agenda del Gobierno de España".  "Las infraestructuras críticas son trascendentales para el normal funcionamiento de los servicios esenciales al constituir éstos la columna vertebral de toda la actividad humana (individual, social, industrial, comercial y de gobierno) de cualquier país moderno", ha señalado.

La secretaria de Estado ha destacado en este sentido "la trascendencia de la reciente aprobación del Real Decreto-ley 12/2018, de seguridad de las redes y sistemas de información" y ha subrayado la necesidad de "cooperación y enfoque integral" en esta materia ya que "la mayoría de nuestras infraestructuras está en manos del sector privado".

Botella también ha hecho referencia al Centro Nacional de Protección de Infraestructuras y Ciberseguridad (CNPIC), enmarcado dentro de la Secretaria de Estado de Seguridad que preside, y que es el órgano coordinador en la materia y gestiona "las iniciativas y necesidades de seguridad entre los agentes involucrados". "Este tipo de órganos está proliferando a nivel mundial entre los países amigos y aliados con notable éxito, muchos de ellos tomando como referencia nuestro propio modelo PIC", ha dicho.

La secretaria de Estado de Seguridad ha concluido con un balance positivo de la protección de infraestructuras críticas en nuestro país y ha señalado que España "es uno de los países punteros a nivel internacional en este campo".

PROTECCIÓN FRENTE A AMENAZAS

La Comisión Nacional para la Protección de las Infraestructuras Críticas es un órgano colegiado adscrito a la Secretaría de Estado de Seguridad, competente, entre otras facultades, para aprobar los planes estratégicos sectoriales y designar a los operadores críticos (aquellos operadores públicos o privados que gestionan o son titulares de una o varias infraestructuras críticas).

Los Planes Estratégicos Sectoriales permiten identificar los servicios esenciales prestados a la sociedad por los sectores objeto de estudio, el funcionamiento general de éstos, las principales amenazas que se ciernen sobre los mismos y sus vulnerabilidades principales, las infraestructuras críticas que proporcionan servicio y los operadores propietarios y/o gestores de las mismas. Estos planes culminan con una evaluación de las consecuencias potenciales de su inactividad, así como con una propuesta de medidas estratégicas para su mantenimiento.

Los nuevos operadores críticos designados, además de cumplir con una serie de obligaciones derivadas de la Ley 8/2011, pasan a formar parte del Sistema de Protección de Infraestructuras Críticas, lo que conlleva una especial relación con las autoridades competentes, a través del Centro Nacional de Protección de Infraestructuras y Ciberseguridad (CNPIC), organismo dependiente de la Secretaría de Estado de Seguridad.

Todo ello se traduce en la participación de los operadores en la mesa de coordinación establecida en el Plan Nacional de Protección de Infraestructuras Críticas, en la existencia de canales singularizados para el intercambio de información relevante para la seguridad de sus instalaciones, redes y sistemas, en el acceso a los sistemas de comunicación previstos por la Ley y en la especial consideración que para la seguridad pública tienen sus infraestructuras, a la hora de implantar medidas de protección alineadas con el Plan de Protección y Prevención Antiterrorista, actualmente en nivel 4.

Los operadores críticos designados deben poner en marcha una serie de planes de protección específicos sobre el conjunto de sus infraestructuras, que serán complementados por la aplicación de los correspondientes planes operativos previstos por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad y, en su caso, por las Fuerzas Armadas.