La investigación dio comienzo cuando unidades especializadas en la lucha contra la ciberdelincuencia tuvieron conocimiento de la existencia de denuncias con características similares en diferentes lugares del territorio nacional. Tras identificar un mismo modus operandi, se constató que los autores de los hechos pertenecían a una misma organización criminal que sería objeto de las pesquisas destinadas a su total desarticulación.

Diferentes roles en la estructura criminal de la banda

El grupo de estafadores estaba conformado por diversos niveles dentro de la organización, representando cada uno un rol para llevar a cabo el fin criminal. Desde falsificadores, muleros y los contratadores de estos, hasta organizadores que evadían los beneficios de la actividad fuera del país por medio de una empresa de cambio de divisas e, incluso, en inversiones en criptomonedas.

El modus operandi consiste, en primer lugar, en apoderarse de las claves de acceso a la banca online de la víctima por medio del método phishing. Así, los estafadores pueden ingresar a la cuenta bancaria desde Internet, pero aún no están capacitados para operar plenamente debido a que tienen que salvar una doble barrera de seguridad.

En una segunda fase (SIM swapping propiamente), duplican la tarjeta SIM del teléfono del perjudicado. Para ello, tienen que engañar a los empleados de una tienda de telefonía mediante falsificaciones de documentos oficiales. Suplantan la identidad de la víctima y obtienen así una copia de la tarjeta de su teléfono móvil. De esta manera, reciben los mensajes del banco con las claves necesarias para autorizar las transacciones monetarias que previamente ellos mismos han realizado en su beneficio, mediante la aplicación o web de la entidad bancaria de la víctima.

Más de medio millón de euros

Los investigadores han identificado un total de 504.800 euros de dinero estafado. Existiendo numerosos afectados, a uno de los cuales llegaron a retirar de su cuenta 240.000 euros.

Las indagaciones culminaron con un operativo llevado a cabo de manera coordinada en 16 municipios españoles durante la pasada semana. Y se saldó con la detención de 94 personas, dos investigados no detenidos y dos registros domiciliarios con incautación de material informático.

Se les atribuyen delitos de estafa continuada, blanqueo de capitales, pertenencia a grupo criminal y en algunos casos falsificación y usurpación de estado civil. Las detenciones se han producido en las provincias de Almería, Baleares, Barcelona, Burgos, Granada, Guipúzcoa, La Coruña, León, Madrid, Málaga, Murcia, Salamanca, Santa Cruz de Tenerife y Valencia.