El secretario de Estado ha destacado la importancia de este órgano para incrementar el grado de seguridad de la ciudadanía. "La comisión ha logrado implantar una cultura de seguridad homogénea en el ámbito de los servicios esenciales, donde la seguridad y la protección de activos era residual", ha añadido.

El nuevo plan supone la incorporación de 80 nuevas entidades, que se suman  a las 170 ya existentes, y 137 nuevas infraestructuras críticas, que se añaden a las más de 500 actualmente designadas. Se establecen también, con la calificación de secreto, las características que han servido para la identificación de las instalaciones pertenecientes a la Administración como vitales para el funcionamiento del Estado.

DIECIOCHO PLANES ESTRATÉGICOS APROBADOS

Con el plan suscrito esta mañana, ya son dieciocho los planes estratégicos sectoriales aprobados desde la constitución de la Comisión PIC en 2014. Los primeros fueron los correspondientes a la Energía, la Industria Nuclear y el Sistema Financiero. En las últimas reuniones de la Comisión se aprobaron los planes sectoriales para Alimentación, Transporte Urbano y Salud (2018) e Instalaciones e Investigación (2019).

Estos planes permitieron que todas las entidades clave que debían intervenir en la lucha contra la pandemia ya estuvieran identificadas y perfectamente coordinadas cuando llegó la Covid-19. De esta forma, los trabajadores esenciales pudieron continuar con la movilidad –tanto nacional como internacional– a pesar de las restricciones.

Los trabajos de elaboración de estos planes se han llevado a cabo desde el Centro Nacional de Protección de Infraestructuras Críticas (CNPIC), órgano dependiente de la Secretaría de Estado de Seguridad, y encargado de la coordinación de las infraestructuras críticas. Desde su creación en el año 2007, el CNPIC ha establecido una compleja comunidad de seguridad, formada por más de 250 operadores críticos, de carácter público-privado, que sitúa a España en una posición de liderazgo y referencia, reforzada tras la publicación de la Ley de Protección de las Infraestructuras Críticas en 2011.